Sobre la libertad: John Stuart Mill

28 Oct

                                       

  

CAPÍTULO PRIMERO

 

Introducción

 

 

El objeto de este ensayo no es el llamado libre albedrío, que con tanto desacierto se suele oponer a la denominada –impropiamente– doctrina de la necesidad filosófica, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo: cuestión raras veces planteada y, en general, poco tratada, pero que con su presencia latente influye mucho sobre las controversias prácticas de nuestra época y que probablemente se hará reconocer en breve  como el problema vital del porvenir. Lejos de ser una novedad, en cierto sentido viene dividiendo la humanidad casi desde los tiempos más remotos; pero hoy, en la era del progreso en que acaban de entrar los grupos más civilizados de la especie humana, esta cuestión se presenta bajo formas nuevas y requiere ser tratada de modo diferente y más fundamental. La lucha entre libertad y autoridad es el rasgo más saliente de aquellas partes de la Historia que nos son más familiares, especialmente en las de Grecia, Roma e Inglaterra. Pero, en aquellos tiempos la disputa se producía entre los individuos, o determinadas clases de individuos, y el gobierno.  Se entendía por libertad la protección contra la tiranía de los gobernantes políticos. Estos –excepto en algunas ciudades democráticas de Grecia- aparecían en una posición necesariamente antagónica del pueblo al que gobernaban. Antiguamente, por lo general, el gobierno estaba ejercido por un hombre, una tribu, o una casta, que hacían emanar su autoridad del derecho de conquista o de sucesión, pero en ningún caso provenía del consentimiento de los gobernados, los cuales no osaban, no deseaban quizá, discutir dicha supremacía, por muchas precauciones que se tomaran contra su ejercicio opresivo. El poder de los gobernantes era considerado como algo necesario, pero también como algo muy peligroso: como un arma que los gobernantes tratarían de emplear contra sus súbditos no menos que contra los enemigos exteriores. Para impedir que los miembros más débiles de la comunidad fuesen devorados por innumerables buitres, era indispensable que un ave de presa más fuerte que las demás se encargara de contener la voracidad de las otras. Pero como el rey de los buitres no estaba menos dispuesto a la voracidad que sus congéneres, resultaba necesario precaverse, de modo constante contra su pico y sus garras. Así que los patriotas tendían a señalar límites al poder de los gobernantes: a esto se reducía lo que ellos entendían por libertad.  Y lo conseguían de dos maneras: en primer lugar, por medio del reconocimiento de ciertas inmunidades llamadas libertades o derechos políticos, su infracción por parte del gobernante suponía un quebrantamiento de su deber y tal vez el riesgo de suscitar una resistencia particular  o una rebelión general. Otro recurso, de fecha más reciente, consistió en el establecimiento de frenos constitucionales, mediante los cuales el consentimiento de la comunidad o de determinada corporación, supuesta representante de sus intereses, llegaba a ser condición necesaria para los actos más importantes del poder. En la mayoría de los países de Europa, los gobernantes se han visto forzados, en mayor o menor medida, a someterse al primero de estos modos de restricción. No ocurrió lo mismo con el segundo; y llegar a él o, cuando ya se le poseía en parte, llegar a él de manera más completa, se convirtió, en todos los lugares, en el objeto principal de los amantes de la libertad. Y mientras la humanidad se contentó con combatir uno por uno a sus enemigos y con ser gobernada por un dueño, a condición de sentirse garantizada, de modo más o menos eficaz, contra su tiranía, los deseos de los liberales no fueron más lejos.

 

Sin embargo, llegó un momento en la marcha de las cosas humanas en que los hombres cesaron de considerar como una necesidad de la naturaleza el que sus gobernantes fuesen un poder independiente  con intereses opuestos a los suyos. Les pareció mucho mejor que los diversos magistrados del Estado fuesen representantes o delegados suyos, revocables a voluntad. Pareció que sólo de esta manera se podía tener la seguridad completa de que no se abusaría jamás, en perjuicio suyo, de los poderes del gobierno.  Poco a poco, esa nueva necesidad de tener gobernantes electivos y temporales llegó a ser el objeto del partido popular, donde existía tal partido, y entonces se abandonaron de una manera bastante general los esfuerzos precedentes para limitar el poder de los gobernantes. Como en esta lucha se trataba de hacer emanar el poder de la elección periódica de los gobernados, hubo quien comenzó a pensar que se había concedido demasiada importancia a la idea de limitar el poder. Esto último ( al parecer) había sido un recurso contra aquellos gobernantes cuyos intereses se oponían habitualmente a los intereses del pueblo. Lo que hacía falta ahora era que los gobernantes se identificasen con el pueblo; que su interés y su voluntad fuesen el interés y la voluntad de la nación.  La nación no tenía necesidad alguna de ser protegida contra su propia voluntad. No había que temer que ella misma se tiranizase. En cuanto que los gobernantes fuesen responsables ante ella de modo eficaz, y fácilmente revocables, se les podría confiar el poder, pues del mismo la nación podría dictar el uso que se debería hacer. Tal poder no sería más que el propio poder de la nación, concentrado, y bajo una forma cómoda de ejecución. Esta manera de pensar, o quizá mejor, de sentir, ha sido la general entre la última generación de liberales europeos y todavía prevalece entre los liberales del Continente.  Los que admiten límites a la actuación del gobierno ( excepto en el caso de gobiernos tales que, según ellos, no deberían existir) se hacen notar como brillantes excepciones entre los pensadores políticos del Continente. Un modo semejante de sentir podría prevalecer también en nuestro país, si las circunstancias que le favorecieron en un tiempo no hubieran cambiado después. Pero, en las teorías políticas y filosóficas, lo mismo que en las personas, el éxito pone de relieve defectos y debilidades que el fracaso hubiera ocultado a la observación. La idea de que los pueblos no tienen necesidad de limitar su propio poder podía parecer axiomática en una época en que el gobierno democrático no pasaba de ser un sueño o el recuerdo borroso de una época remota. Dicha idea no se ha visto turbada necesariamente por aberraciones temporales semejantes a las de la Revolución francesa, cuyas piras fueron la obra de una minoría usurpadora, y que en todo caso no tuvieron nada que ver con el modo de ser de las instituciones populares, sino que se debieron, sobre todo, a una explosión súbita y convulsiva contra el despotismo monárquico y aristocrático. Sin embargo, llegó un tiempo en que la República democrática vino a ocupar la mayor parte de la superficie terrestre, haciéndose notar como uno de los más poderosos miembros de la comunidad de las naciones. A partir de entonces, el gobierno electivo y responsable se convirtió en el objeto de esas observaciones y críticas que siempre se dirigen a todo gran acontecimiento. Y se llegó a pensar que frases como “el gobierno de sí mismo” y “el poder de los pueblos sobre ellos mismos” no expresaban el verdadero estado de las cosas; el “pueblo” que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el que se ejerce, y el gobierno de sí mismo de que se habla no es el gobierno de cada uno por si mismo, sino de cada uno por los demás. La voluntad del pueblo significa, en realidad, la voluntad de la porción más numerosa y activa del pueblo, de la mayoría, o de aquellos que consiguieron hacerse aceptar como tal mayoría. Por consiguiente, el pueblo puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y contra él son tan útiles las precauciones como contra cualquier otro abuso del poder.

 

Por esto es siempre importante conseguir una limitación del poder del gobierno sobre los individuos, incluso cuando los gobernantes son responsables de un modo regular ante la comunidad, es decir ante la parte más fuerte de ella. Esta manera de ver las cosas se ha impuesto casi sin dificultades, pues se recomienda igualmente a la inteligencia de los pensadores como al instinto de las clases importantes de la sociedad europea, hacia cuyos intereses reales o supuestos la democracia se muestra hostil. La “tiranía de la mayoría” se incluye ya dentro de las especulaciones políticas como uno de esos males contra los que la sociedad debe mantenerse en guardia. Al igual que las demás tiranías, también esta tiranía de la mayoría fue temida en un principio y todavía hoy se la suele temer, sobre todo cuando obra por medio de actos de autoridad pública. Pero las personas reflexivas observaron que cuando la sociedad es el tirano – la sociedad colectivamente, y sobre los individuos aislados que la componen- sus medios de tiranizar no se reducen a los actos que ordena a sus funcionarios políticos. La sociedad puede ejecutar y ejecuta de hecho, sus propios decretos; y si ella dicta decretos imperfectos, o si los dicta a propósito de cosas en que no se debería mezclar, ejerce entonces una tiranía social mucho más formidable que la opresión legal: pues, si bien esta tiranía no tiene a su servicio tan fuertes sanciones, deja, en cambio, menos medios de evasión; pues penetra mucho más a fondo en los detalles de la vida, llegando hasta a encadenar el alma. No basta, pues, con una simple protección contra la tiranía del magistrado. Se requiere, además, protección contra la tiranía de las opiniones y pasiones dominantes; contra la tendencia de la sociedad a imponer como reglas sus ideas y costumbres a los que difieren de ellas, empleando para ello medios que no son precisamente las penas civiles; contra su tendencia a obstruir el desarrollo e impedir, en lo posible, la formación de individualidades diferentes, y a modelar, en fin, los caracteres con el troquel del suyo propio. Existe un límite para la acción legítima de la opinión colectiva sobre la independencia individual: encontrar este límite y defenderlo contra toda usurpación es tan indispensable para la buena marcha de las cosas humanas como la protección contra el despotismo político. Pero si esta proposición no es discutible en términos generales, su aspecto práctico, es decir, dónde se ha de colocar ese límite – en otras palabras, cómo coordinar adecuadamente la independencia individual y el control social-, es tema sobre el cual casi todo está por hacer. Todo lo que da valor a nuestra existencia depende de las restricciones impuestas a las acciones de nuestros semejantes; en consecuencia, se requieren ciertas normas de conducta impuestas, en primer lugar, por ley y, en segundo lugar, por la opinión, en aquellos casos, muy numerosos, en que no es pertinente la acción de la ley. El problema principal que se plantea en los asuntos humanos es saber cuáles han de ser esas reglas; pero, excepción hecha de algunos casos notables, la verdad es que se ha hecho muy poco por llegar a un solución. No hay dos países ni dos siglos, que hayan llegado a la misma conclusión, y la conclusión de un siglo o de un país es materia de asombro para otro cualquiera. Sin embargo, las gentes de cada siglo y de cada país no han pensado que dicho problema sea más complicado de lo que lo es cualquier asunto en que la humanidad ha estado siempre de acuerdo. Las reglas que han establecido son tenidas por evidentes y justificables en sí mismas. Esta ilusión, casi universal, es uno de los ejemplos de lo que puede la influencia mágica de la costumbre, que no es solamente, como dice el proverbio, una segunda naturaleza, sino que a menudo es considerada como la primera.

 

El efecto de la costumbres, al impedir las dudas que pudieran surgir a propósito de las reglas de conducta que la humanidad impone, es total debido a que, sobre este tema, nunca se ha considerado necesaria la exposición de razones, bien se tratase de los demás, bien de uno mismo. Se suele creer ( y ciertas personas que aspiran al título de filósofos nos afirman en esta creencia ) que en temas de tal naturaleza los sentimientos valen más que las razones y hacen a éstas inútiles. En las opiniones sobre la ordenación de la conducta humana nos guía el principio práctico de que los demás deben obrar como nosotros y los que con nosotros simpatizan desearíamos que obraran. En verdad que nadie confiesa que el principio regulador de su juicio en tales materias sea su propio gusto; pero una opinión sobre materia de conducta que no esté avalada por razones nunca podrá ser considerada más que como una preferencia personal; y si las razones que pueden aducirse no son más que una simple apelación a una preferencia semejante experimentada por otras personas, en este caso estamos ante el capricho de varias personas, en lugar de serlo de una sola. Sin embargo, para el hombre corriente, su preferencia personal no sólo es una razón perfectamente satisfactoria, sino también la única de donde proceden todas sus nociones de moralidad, gustos y conveniencias no inscritas en su credo religioso; aún más, es su guía principal en la interpretación de éste. Por consiguiente, las opiniones humanas sobre lo laudable y lo recusable se hallan afectadas por todas las diversas causas que influyen sobre sus deseos en relación con la conducta de los demás, siendo tan numerosas como las que determinan sus deseos con respecto a cualquier otro asunto…

 

 

On Liberty;  John Stuart Mill. Ediciones Orbis S.A. HYSPAMERICA; (sin más datos sobre traducción y fecha de publicación)

 

 

John Stuart Mill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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